Noviembre, 2015

Carta pública a la Junta de Gobierno de Congreso del Estado de Yucatán

 

Estimados y estimadas diputadas, el Observatorio de Movilidad Sostenible somos una organización civil sin fines de lucro enfocada a la promoción y el desarrollo de proyectos y acciones en torno a la movilidad urbana sostenible, que contribuyan a la construcción de una ciudad humana. Para nosotras y nosotros, la participación de la ciudadanía en temas públicos es indispensable para construir una Ciudad y un Estado democrático, sostenible y competitivo.

Es por ello que nos permitimos hacerle llegar la presente carta pública con el objetivo de compartir nuestra preocupación sobre la iniciativa que el Gobernador del Estado, Lic. Rolando Zapata Bello, anunció que hará llegar al Congreso del Estado de Yucatán próximamente, para eliminar el cobro de la tenencia vehicular en nuestro Estado.

Diversas organizaciones civiles como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés), han desaconsejado firmemente la eliminación de la tenencia vehicular. De estudios publicados sobre el tema, tres argumentos nos resultan importantes de mencionar:

El primero radica en que el Estado perderá 220 millones de pesos de recaudación provenientes de un impuesto que es progresivo[1], de fácil recaudación y que no está previamente etiquetado, por lo que su uso es flexible. Ante un panorama de creciente deuda pública, de falta de proyectos de movilidad urbana sustentable y de una creciente presión por parte de los transportistas para incrementar la tarifa del transporte público, perder 220 millones de pesos no favorecen a la economía del Estado y, por ende, a la economía familiar.

El segundo argumento tiene que ver con que la eliminación de este impuesto impacta únicamente en una minoría de la población que es propietaria de uno o más vehículos motorizados. De acuerdo a información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los tres deciles de mayor ingreso son los que aportan el 83.5% de la recaudación nacional de la tenencia, por lo que su eliminación realmente beneficia a un sector de la población que además de ser minoritario, percibe ingresos mayores a la media.

Finalmente, esta medida desaparece una de las pocas políticas públicas que desincentivan el uso del automóvil privado. Esto es realmente preocupante porque al eliminar el desincentivo, se generan condiciones que contribuyen a que las personas decidan adquirir un vehículo. Como es bien sabido, más automóviles privados en circulación significan externalidades negativas que debemos asumir todas y todos los habitantes del Estado, a pesar de que sea una minoría de la población quienes generan dichas externalidades[2].

Sin duda, es necesario tomar medidas para la regularización del registro de vehículos, pero estamos convencidos y convencidas de que la exención del pago de la tenencia no es la medida más adecuada dado los argumentos anteriores.

Esperamos que usted, como representante de ciudadanos y ciudadanas del Estado de Yucatán, actúe en beneficio de ellas y de ellos. Así mismo, invitamos al diálogo abierto y plural de las diferentes posiciones entorno a este tema para encontrar las alternativas más adecuadas para lograr tener un Estado democrático, sostenible y competitivo. Por nuestra parte, el Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida manifestamos nuestra disposición a colaborar para encontrar soluciones reales a los problemas de movilidad urbana.

Atentamente

Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida

Contacto

Efraín Tzuc Salinas

Cel. 99 91 13 20 08

contacto@movilidadmerida.org

 

[1] Un impuesto progresivo es aquel que promueve una mayor redistribución de la riqueza. La tenencia se cobra en función del costo del vehículo, los vehículo de mayor costo normalmente pertenecen a hogares de mayor ingreso, por lo que pagan más.

[2] Nos referimos a las externalidades como costos asociados al uso del automóvil. Éstos están ampliamente estudiados y tienen que ver con daños a la salud, incremento de las muertes y lesiones de tránsito, inequidad en el acceso al espacio público y a la distribución del gasto público.