Inaceptable incremento de tarifa general en el Transporte Público

El pasado 26 de diciembre el Consejo Consultivo de Transporte del Gobierno del Estado de Yucatán, aprobó el incremento de la tarifa general del Transporte Público a 8 pesos, manteniendo la tarifa social en 3 pesos para niños, niñas, estudiantes y personas adultas mayores y sin costo para personas con discapacidad.

Esta decisión, tomada por un Consejo que carece de representatividad social para definir un asunto de carácter público que afecta a una gran porcentaje de las y los habitantes en la Zona Metropolitana de Mérida, se realizó al estilo del madruguete tan común en la política nacional y estatal, de una forma totalmente apresurada, opaca y repentina.

El Gobierno del Estado aplica una retórica muy simple basada en el supuesto de que es inevitable el incremento de la tarifa del transporte público. Con este premisa, califican como una decisión para “proteger la economía de las familias yucatecas” que el incremento no sea aplicado para la tarifa social. Esta estrategia pretende minimizar el alza al centrarse en unos supuestos beneficiados.

¿Por qué es importante el transporte público?

El transporte público puede llegar a ser una herramienta clave para garantizar el acceso a los bienes y servicios de la ciudad así como para el ejercicio de derechos fundamentales. No es casualidad que el 47 por ciento de los viajes en la Zona Metropolitana de Mérida se realicen en este modo de movilidad. Su virtud es precisamente su uso colectivo, permitiendo cubrir grandes distancias que serían difíciles de caminar o pedalear, reduciendo costos de traslados, espacio de circulación y emisiones de gases nocivos para la salud, que sí provocan en gran medida los vehículo motorizados privados, eternos favorecidos por las políticas públicas de transporte y movilidad (con el respectivo acaparamiento del gasto público destinado a infraestructura y transporte).

Sin embargo, el transporte público es el eterno olvidado por las administraciones de gobierno: las rutas actuales no responden a las necesidades de movilidad de las personas, el modelo de gestión del transporte tampoco. Los y las usuarias nos quejamos constantemente de las unidades en mal estado, del mal servicio y de lo peligroso que resulta éste, como puede ser corroborado con los numerosos hechos de tránsito cuyos responsables son unidades de transporte público. Esto actualmente no está cambiando con uno de los proyectos estrella del Lic. Rolando Zapata: El Sistema Integral de Transporte Urbano (SITUR).

¿Es necesario el incremento de la tarifa del transporte público?

Creemos que no, sin embargo no contamos con evidencia para demostrarlo. Es necesario un estudio de factibilidad económica para conocer si efectivamente el incremento es apremiante. No obstante, dicho estudio carecerá de sentido si el punto de partida es el desordenado e ineficiente sistema de transporte que tenemos. Con las condiciones actuales (rutas obsoletas y modelo hombre – camión) cualquier sistema de transporte será inviable ante el real incremento del costo del combustible.

¿A quiénes afectará el incremento del costo de la tarifa general del transporte público?

Creemos que a todas y todos quienes no cuenten con un vehículo motorizado para su uso, esto quiere decir a la mayoría de la población en la Zona Metropolitana de Mérida.

Contrariamente a lo que quiere hacer creer el Gobierno del Estado, el incremento de la tarifa general sí generará un impacto económico significativo para las familias. Estimamos, a partir de los propios números de Gobierno del Estado, que menos del 25 por ciento de los y las usuarias del transporte público son beneficiarias de la tarifa social, y sabemos que el 66 por ciento de los usuarios en total realizan, cuando menos, 3 viajes diarios en este modo de movilidad. Considerando lo anterior, es claro que una gran parte de la población tendrá que invertir al día, no un peso adicional sino, cuando menos 3 por cada una de las personas del hogar que no cuente con la tarifa social. Entendemos que para las autoridades que integran el Consejo Consultivo de Transporte esto resulta insignificativo, especialmente porque no usan el transporte público cotidianamente.

La discusión sobre el incremento de la tarifa en el transporte público es una trampa que contribuye a la política de parches tan característica en Yucatán. El costo de la tarifa continuará incrementando sin que exista una consecuente mejora respecto a la eficiencia, calidad y seguridad del servicio, puesto que el problema no radica esencialmente en cuestiones económicas, sino de poder político, recordemos que apenas hace dos años se realizó un alza de esta misma tarifa.

El lento y opaco proceso de implementación del SITUR bien podría ser el resultado de una incapacidad del Ejecutivo para llegar a acuerdos con los transportistas, con la premisa garantizar el derecho a la movilidad de los y las habitantes de la Zona Metropolitana de Mérida. Los Sistemas Integrados de Transporte pueden garantizar cobertura, eficiencia, seguridad y costo accesible si son bien planeados y bien ejecutados, y al mismo tiempo pueden ser viables económicamente en un modelo de empresa correctamente regulado.

Ante este panorama, urge que el Ejecutivo y al Legislativo estatal prioricen la adecuación del obsoleto marco normativo – más allá de la forzada coyuntura política de Uber – para contar con una Ley de Movilidad que permita enmarcar con claridad la política pública de movilidad y transporte en el Estado, priorizando correctamente a los modos de movilidad más sustentables (caminar, andar en bici y utilizar el transporte público) y la visión de ciudad que queremos: una ciudad para disfrutar, saludable, económicamente activa y con calles seguras para todas y todos.

No olvidemos que el derecho a la movilidad lo debe garantizar el Estado, y que las concesiones de transporte público son responsabilidad del Estado. En este sentido, es el Estado quien debe garantizar que el servicio concesionado sea eficiente, seguro y accesible, y sancionar cuando estas condiciones no se implementen. No será compatible un modelo de transporte público en donde los concesionarios tengan la última palabra, abogando por el incremento desproporcionado de sus ganancias económicas. El derecho a la movilidad no puede estar sujeto a los intereses económicos particulares ni a los pagos de deudas políticas y de partido.

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